Acuerdos compartidos para cuidar los datos y a quienes los generan

La gobernanza del Observatorio hace parte de la gobernanza general de la Alianza Aguas Amazónicas. Las mismas instancias que orientan la Alianza definen cómo se gestiona y cómo opera el Observatorio: la Asamblea General, que reúne a los socios y recibe la rendición de cuentas; el Consejo Directivo, que aprueba las políticas y resuelve las decisiones institucionales; el Comité de Infraestructura de Datos, que asesora en arquitectura, interoperabilidad, calidad y seguridad; el Comité de Conducta, que examina con imparcialidad los casos que afecten derechos, dignidad o confianza; y la Secretaría Técnica, a cargo de la Wildlife Conservation Society (WCS), que coordina la aplicación cotidiana. En cada iniciativa, las personas gestoras de datos mantienen el enlace entre el territorio y la Secretaría Técnica.

Esta gobernanza parte de una idea: la autoridad sobre un dato nace donde el dato se genera. Cada comunidad, iniciativa y organización socia conserva la gobernanza sobre sus datos, y la Alianza la complementa sin reemplazarla.

Una política para todos los que usan los datos

La Política de ética y gobernanza de datos rige a todas las instituciones que forman parte de la Alianza y, a la vez, ofrece lineamientos para cualquier persona que use el Observatorio o sus datos. Establece los principios, compromisos y responsabilidades que acompañan a la información en todo su ciclo de vida, desde que se registra hasta que se publica, se usa y se conserva.

Los datos que integra el Observatorio llegan por dos vías. La mayoría se publica directamente a través de la Alianza Aguas Amazónicas, que asegura la trazabilidad, el reconocimiento, el consentimiento y los acuerdos con las comunidades. Otros provienen de publicadores que reconocen estos mismos principios y se adhieren a ellos.

La Alianza está comprometida a trabajar bajo los principios FAIR, para que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, y bajo los principios CARE, que reconocen el beneficio colectivo, la autoridad para controlar, la responsabilidad y la ética en el uso de datos de pueblos indígenas y comunidades locales. Esta combinación orienta lo que la política llama apertura situada: abrir los datos tanto como sea posible, teniendo en cuenta los derechos, los territorios, las relaciones de confianza y los riesgos de su divulgaciónica.